Dayana Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, en República Dominicana, antes de emprender un viaje irregular con destino a España. Según sus familiares, un grupo de dominicanos vinculado a una red de viajes irregulares que también opera en Colombia le prometió ayudarla a conseguir una mejor vida.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Viajó a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y luego se trasladó a Venezuela.
La arrestaron el 13 de julio de 2024. Llevaba consigo sus equipos de trabajo, con los que realizaba micropigmentación de cejas y labios. La detención terminó en una condena de 21 años de prisión, luego de que las autoridades le encontraron documentos falsos y la acusaran de tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular.
«Ella no tenía nada en su cuerpo, ni en sus pertenencias. Se basan en unas fotografías en el celular, de las que tampoco tenemos conocimiento si en realidad las tenía», relata un familiar que pidió mantener su identidad en reserva.
Tras la difusión de un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader para salir de prisión, la familia asegura que recibió el acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez. Debido a las restricciones de comunicación, los allegados dicen que dependen de otras personas con familiares recluidos en el mismo centro para hacerle llegar dinero, alimentos y productos de higiene.
- Según explican, Heredia no puede realizar llamadas con regularidad y aprovechó la visita de otras reclusas para enviar el video que circuló en redes sociales.
La familia también afirma que, durante el proceso, dos abogados les solicitaron 15,000 dólares para realizar supuestas negociaciones con jueces a fin de conseguir su libertad. «Nos pedían 15,000 dólares para hacer negociaciones con los jueces para dejarla libre. Nunca accedimos a eso porque entendíamos que ella era inocente y que nosotros no teníamos por qué pagar».
Mientras esperan respuestas sobre el caso, los familiares denuncian que afrontan el proceso sin suficiente orientación institucional.
La familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10 de agosto de 2026, el organismo adoptó la Resolución 63/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Heredia y otros dos detenidos.
La Comisión consideró que la dominicana se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en riesgo de sufrir un daño irreparable. «Dada su condición de personas extranjeras privadas de libertad en Venezuela, las limitaciones para mantener contacto con sus familiares, la falta de atención médica para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento», advirtió la entidad.
Créditos a Diario Libre, que ha trabajo inextenso este tema.
