El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, calificó como un “verdadero retroceso” las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación e injuria, al considerar que contradicen la tendencia del derecho constitucional moderno de despenalizar estos delitos para garantizar la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Álvarez señaló que mientras en numerosos países se trabaja para eliminar las sanciones penales por difamación e injuria, en República Dominicana se han endurecido las penas.
“En República Dominicana damos marcha atrás, sancionándolo de manera más severa. Antes se castigaba con un año de prisión y ahora se establece hasta cuatro años, lo que puede limitar el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento”, afirmó.
Asimismo, advirtió que el nuevo Código incorpora la figura del ultraje contra funcionarios públicos, penalizando las expresiones que puedan afectar su honor o dignidad con penas privativas de libertad.
A su juicio, esta disposición podría convertirse en un obstáculo para la rendición de cuentas de los servidores públicos.
“No debería ocurrir porque, de alguna manera, se está evitando que los funcionarios públicos rindan cuentas como tienen que rendir”, sostuvo.
De igual manera, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, recordó que la penalización de la difamación e injuria había sido excluida anteriormente por consideraciones de inconstitucionalidad.
Maldonado no descartó que, una vez entre en vigencia el nuevo Código Penal, sean sometidos múltiples recursos ante el Tribunal Constitucional para eliminar las penas de prisión contempladas en estos casos.
Aunque reconoció que la denominada “difamación extorsiva” constituye un nuevo elemento que debe ser analizado, advirtió sobre el riesgo de confundir conductas delictivas con el ejercicio legítimo del periodismo.
“El ejercicio del periodismo está expuesto a riesgos con este nuevo Código. Este Código no luce propio de una democracia”, expresó.
El dirigente periodístico sostuvo que la vía más efectiva para corregir estas disposiciones será la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, órgano que, según afirmó, está llamado a revisar y eventualmente desmontar los artículos que podrían amenazar la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación como de la ciudadanía en general.
Por su parte, la miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Albanely Familia, expresó preocupación por el contenido de los artículos 108, 119 y 210 del nuevo Código Penal, al entender que establecen sanciones desproporcionadas que podrían limitar el ejercicio periodístico.
Familia consideró necesario analizar cuál fue la motivación del legislador para introducir estas modificaciones, sugiriendo que la proliferación de comunicadores en plataformas digitales que difunden informaciones sin los estándares del periodismo profesional pudo influir en la redacción de dichas disposiciones.
No obstante, afirmó que todavía existe margen para revisar la legislación y evitar que, en el intento de combatir la extorsión y la desinformación, se afecte el periodismo ejercido con apego a la ética.
“Estoy de acuerdo en establecer algún tipo de control, pero sin lesionar lo que hemos logrado en nuestra vida democrática, como la libertad de expresión y la libertad del ejercicio periodístico. El Código Penal no puede desconocer lo que establece nuestra Constitución”, manifestó.
