El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación por el aumento de muertes durante actuaciones de la Policía Nacional, en supuestos intercambios de disparos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La reiteración de estos acontecimientos, las denuncias de organismos defensores de los derechos humanos y la insuficiente información pública sobre las investigaciones correspondientes plantean serios interrogantes sobre el comportamiento de la institución policial y la responsabilidad de las autoridades encargadas de dirigir la política de seguridad ciudadana.
«No estamos ante un asunto exclusivamente policial. Estamos frente a una cuestión que compromete principios esenciales del orden constitucional dominicano: el derecho a la vida, el debido proceso, la presunción de inocencia, la subordinación de la fuerza pública al poder civil y la vigencia efectiva del Estado social y democrático de derecho» ha planteado el PLD en su reuna de prensa de los lunes.
En su documento oficial el partido opositor estableces que la República Dominicana no puede permitir que la lucha contra la delincuencia se convierta en una práctica de eliminación física de personas consideradas delincuentes.
Una situación que no puede seguir siendo ignorada
Las cifras conocidas recientemente son motivo de seria preocupación. Según informaciones publicadas por la prensa nacional, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas como resultado de actuaciones policiales. Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que, durante los primeros meses del presente año, más de 180 personas habrían perdido la vida en intervenciones de agentes del orden.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llevado sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha advertido sobre la reiteración de muertes presentadas oficialmente como intercambios de disparos.
Particularmente preocupantes resultan las denuncias de personas que habrían sido ejecutadas después de rendirse o encontrarse bajo control policial. De comprobarse estos hechos, estaríamos ante graves violaciones de los derechos fundamentales y delitos que deben ser investigados y sancionados.
El PLD reconoce que los agentes policiales tienen derecho a proteger sus vidas y las de terceros cuando enfrentan amenazas reales e inminentes. Sin embargo, esa facultad no constituye una autorización para matar a personas que no representan una amenaza inmediata.
Una persona que se rinde debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, nunca ejecutada.
Igualmente, preocupante resulta que la Procuraduría General de la República no haya ofrecido información estadística suficiente sobre las investigaciones realizadas, los agentes sometidos a la justicia y los resultados de los procesos relacionados con estas muertes.
La reserva legal de determinadas investigaciones no debe impedir la rendición de cuentas mediante estadísticas generales que permitan evaluar la actuación de las instituciones.
La constitución no autoriza a la policía a matar delincuentes
El artículo 7 de nuestra Constitución establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
El artículo 37 declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte. Por su parte, el artículo 40 consagra las garantías relativas a la libertad y seguridad personal, incluyendo el derecho de toda persona a ser sometida a los procedimientos establecidos por la ley.
Estos principios no admiten excepciones basadas en la reputación, los antecedentes penales o las acusaciones formuladas contra una persona.
En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución. La Policía Nacional tiene la obligación de prevenir los delitos, perseguir a sus responsables, detenerlos cuando corresponda y ponerlos a disposición de las
