Reconocidos juristas dominicanos advirtieron que la Ley 74-25, que crea el nuevo Código Penal de la República Dominicana, constituye una de las mayores amenazas para el ejercicio de la libertad de prensa y expresión en el país desde el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La preocupación fue expresada por Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD); Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); y el penalista y analista jurídico César Amadeo Peralta, durante el conversatorio “Libertad de Prensa y Expresión en el Nuevo Código Penal Dominicano”, organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
Los especialistas sostuvieron que la nueva legislación contiene disposiciones que podrían afectar directamente el trabajo de periodistas, comunicadores y medios de comunicación, al contemplar sanciones que incluyen cierre de programas, decomiso de equipos y bienes, suspensión o no renovación de licencias, así como la imposición de penas complementarias que limitarían el ejercicio profesional.
Durante el encuentro, celebrado en la sede del CDP, los juristas señalaron que existen al menos diez artículos del nuevo Código Penal que impactan de manera directa el ejercicio periodístico, además de otros que podrían afectar a los ciudadanos en general en el uso de las plataformas digitales y medios de comunicación.
Entre los aspectos más cuestionados figura la tipificación de la denominada “difamación extorsiva”, que contempla penas de cinco a diez años de prisión. Asimismo, alertaron sobre la acumulación de penas y sanciones complementarias que, según explicaron, podrían llevar a condenas de hasta 60 años de prisión en determinados casos.
Los expositores también manifestaron preocupación por el contenido del artículo 379, al considerar que podría generar riesgos para periodistas y ciudadanos que manejen información de interés público relacionada con organismos de seguridad del Estado.
De igual manera, cuestionaron disposiciones que sancionan determinadas expresiones, publicaciones, reenvío de contenidos digitales y conductas consideradas ofensivas, argumentando que podrían dar lugar a interpretaciones amplias que afectarían derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Respecto al artículo 310, relativo al ultraje a funcionarios públicos, explicaron que establece penas de prisión y multas calculadas sobre la base del salario percibido por el funcionario afectado, lo que, a su juicio, podría generar consecuencias económicas significativas para los procesados.
Los juristas también criticaron el restablecimiento de la denominada responsabilidad en cascada, mecanismo que podría involucrar penalmente no solo al autor de una publicación, sino también a periodistas, ejecutivos, propietarios de medios y a las empresas de comunicación que difundan determinados contenidos.
Trajano Vidal Potentini sostuvo que el nuevo Código Penal contiene múltiples disposiciones que deben ser revisadas para garantizar la protección del ejercicio periodístico y el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y crítica.
Por su parte, Julio César de la Rosa advirtió que, una vez entre en vigencia la nueva normativa el próximo 3 de agosto, muchos medios podrían verse obligados a aplicar mecanismos de autocensura para evitar posibles sanciones judiciales.
Mientras, César Amadeo Peralta identificó diversos artículos de la legislación que, según afirmó, podrían tener repercusiones directas sobre la labor informativa y el funcionamiento de los medios de comunicación en el país.
El conversatorio fue encabezado por el presidente del CDP, Luis Pérez, mientras que la presentación y moderación de la actividad estuvo a cargo del periodista Olivo De León.
