El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación por disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al considerar que podrían afectar derechos fundamentales y fomentar la autocensura.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La organización sostuvo que algunas de estas normativas podrían limitar la libertad de prensa, la difusión del pensamiento y el derecho de los ciudadanos a denunciar asuntos de interés público.
Ante esta situación, el PLD propuso revisar las disposiciones relacionadas con difamación, injuria y “ultraje a funcionarios” incluidas en el nuevo Código Penal, así como fortalecer los mecanismos de supervisión de la Ley DNI y garantizar mayores protecciones para las fuentes periodísticas.
Asimismo, pidió que cualquier iniciativa sobre libertad de expresión sea ampliamente debatida con la participación de periodistas, juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
El PLD manifestó especial preocupación por las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación, la injuria y el denominado “ultraje a funcionarios”, contempladas en los artículos 309 al 311.
Según la organización, la amplitud de la redacción de estas figuras y las sanciones previstas podrían entrar en conflicto con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y generar riesgos para el ejercicio del periodismo de investigación, la denuncia ciudadana y el debate público.
No obstante, reconoció que la protección del honor y la dignidad de los funcionarios constituye un objetivo legítimo, aunque sostuvo que dicha protección debe armonizarse con el derecho de la ciudadanía a fiscalizar, cuestionar y denunciar las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas.
Propuestas del PLD
Como parte de sus planteamientos, el partido propuso que cualquier nueva iniciativa relacionada con la libertad de expresión sea ampliamente debatida en el Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, medios de comunicación, académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
También solicitó que, antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal prevista para el 3 de agosto, se sometan modificaciones que adecúen las disposiciones cuestionadas a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Finalmente, pidió revisar la Ley 1-26 para fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y garantizar una protección más efectiva de los derechos fundamentales.
El PLD concluyó reafirmando su compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el ejercicio del poder público, al considerar que estos constituyen pilares esenciales de la democracia dominicana.
