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Participación Ciudadana expresa preocupación por crisis interna en el Poder Judicial y llama al diálogo

Por: Marisol Mendoza Vásquez

El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó este martes su “profunda preocupación” ante la división surgida en el Poder Judicial, en medio de reclamos por mejores condiciones laborales y denuncias sobre presunto manejo inadecuado de recursos.

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La organización se refirió al llamado a paro de labores convocado para este jueves 21 de mayo por sectores vinculados al sistema judicial, señalando que las reivindicaciones planteadas por jueces y servidores judiciales “son justas” y deben recibir una respuesta acorde con las posibilidades reales del Poder Judicial.

En un comunicado, Participación Ciudadana consideró necesario redefinir prioridades y diseñar un plan gradual que permita atender las demandas, mediante un proceso de diálogo abierto entre el Consejo del Poder Judicial y las distintas asociaciones de jueces, “sin exclusión de ningún tipo”.

Asimismo, defendió el derecho de los jueces a reclamar mejores condiciones de trabajo, incluyendo aumentos salariales, aunque exhortó a que dichas demandas sean canalizadas “con altura” y evitando una mayor fractura institucional.

“La división del Poder Judicial solo beneficiará a quienes históricamente han querido someterlo a intereses ajenos al servicio de la administración de justicia”, advirtió la entidad.

Sobre las denuncias relacionadas con el supuesto manejo inadecuado de los recursos del Poder Judicial, Participación Ciudadana sostuvo que, debido a la gravedad de los señalamientos, corresponde una rendición de cuentas por parte del Consejo del Poder Judicial y de su presidente, además de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

La organización lamentó además que esta situación ocurra en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá reunirse para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente.

En ese sentido, expresó su esperanza de que la actual crisis no afecte el proceso de evaluación y los trabajos del órgano constitucional.

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